Las telecos europeas cifran en 40.000 millones el veto a Huawei

La idea de expulsar a los fabricantes chinos de las redes europeas lleva años sobre la mesa de Bruselas, pero ahora que la recomendación amenaza con convertirse en obligación legal, las operadoras han puesto una cifra encima de la mesa: 40.000 millones de euros. Según recoge Xataka Móvil, los máximos responsables de 17 compañías de telecomunicaciones europeas han firmado una declaración conjunta en la que piden a la Comisión Europea que cambie las prohibiciones por auditorías de riesgo.

De recomendación a mandato

El punto de partida fue la llamada caja de herramientas de ciberseguridad del 5G aprobada en 2020, que aconsejaba limitar la presencia de proveedores considerados de alto riesgo —en la práctica, Huawei y ZTE— en las infraestructuras críticas. Era una guía sin fuerza legal, y cada país la aplicó a su manera: algunos vetaron por completo a los fabricantes chinos, otros apenas movieron ficha.

Lo que se está cocinando ahora es distinto. La combinación del Reglamento de Ciberseguridad (CSA) y la Ley de Redes Digitales (DNA) apunta a un mandato vinculante, con una ventana de en torno a tres años para desmontar y sustituir esos equipos. Es decir, obligación y plazo, no consejo.

Por qué las cuentas no cuadran

Cuando se presentó el borrador, la Comisión estimó el impacto de la sustitución entre 17.000 y 21.500 millones de euros repartidos en cinco años. Las operadoras casi duplican esa cifra y la sitúan en 40.000 millones, en línea con un cálculo previo de la GSMA, la asociación mundial del sector móvil.

El desfase tiene una explicación técnica sencilla: los análisis de Bruselas se centraron en la red móvil, donde el debate sobre el 5G ha concentrado toda la atención. Pero Huawei y ZTE también están presentes en el despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) y en las redes troncales, esas autopistas de transporte de datos que conectan las centrales entre sí y que el usuario nunca ve. Sacar a los fabricantes chinos de ahí implica tocar equipamiento que no entraba en la ecuación original.

Unos 4.000 millones en España

En el mercado español, con Telefónica, MasOrange y Vodafone como principales actores, el sobrecoste de una exclusión total rondaría los 4.000 millones de euros, según las estimaciones que maneja el sector. El argumento de las compañías no es solo el gasto, sino el coste de oportunidad: ese dinero saldría de las partidas destinadas al 5G autónomo (5G SA, la versión que funciona sin apoyarse en la red 4G existente), a la investigación en 6G y a la construcción de centros de datos para inteligencia artificial.

El riesgo de quedarse con dos proveedores

Hay un segundo efecto que las operadoras subrayan: si los fabricantes chinos desaparecen del mapa europeo, el suministro de equipos de red queda prácticamente en manos de Nokia y Ericsson. Con la competencia reducida a dos nombres, las compañías calculan encarecimientos de hasta un 24% en equipos para redes móviles y cerca del 20% en banda ancha fija, además de posibles cuellos de botella para conseguir recambios cuando todo el continente pida lo mismo al mismo tiempo.

Qué piden en su lugar

La declaración, canalizada a través de la patronal Connect Europe y suscrita por directivos de grupos como Telefónica, Orange o Deutsche Telekom, propone tres alternativas:

• Sustituir las prohibiciones por auditorías de riesgo caso por caso.
• Licencias de espectro de duración indefinida o de al menos 40 años, para liberar liquidez que hoy se inmoviliza en renovaciones periódicas.
• Un marco regulatorio que facilite las fusiones y la consolidación del sector en Europa.

El planteamiento de fondo es que la soberanía tecnológica no puede financiarse comprometiendo la salud financiera de quienes sostienen las redes. Enfrente está el argumento de seguridad que impulsa a la Comisión, en un contexto donde el debate sobre la dependencia europea de servicios digitales extranjeros ha ganado peso político. La decisión final de Bruselas marcará no solo cuánto pagan las operadoras, sino a qué velocidad llegan al usuario la fibra, el 5G real y la cobertura mínima garantizada por ley.