Un centro de datos en Belchite promete funcionar sin conectarse a la red eléctrica

Aragón se ha convertido en el gran campo de pruebas español de los centros de datos, y también en el escenario de la mayor contestación vecinal contra ellos. En ese contexto aparece un proyecto que intenta esquivar el principal cuello de botella del sector: la red eléctrica. La ingeniería zaragozana Krolmap, fundada en 2022, plantea levantar en Belchite un complejo de 225 MW que, según sus promotores, no estaría conectado a la red.

Qué se ha anunciado

Según la información publicada por Xataka, el proyecto ocuparía 25 hectáreas del polígono La Legua, en Belchite, repartidas en seis edificios, con una inversión anunciada de 1.500 millones de euros. El polígono, de más de un millón de metros cuadrados, daría margen para combinar generación renovable, baterías y cogeneración con tres centrales de gas, de manera que la instalación cubra por sí misma una demanda que es continua las 24 horas.

Entre los detalles técnicos difundidos figuran 3 MWp de fotovoltaica, dos aerogeneradores de 750 kW, recogida de agua de lluvia en tanques de tormenta y una depuradora propia. No es la primera apuesta de la compañía en la provincia: ya trabaja en otra instalación de hasta 150 MW en Villanueva de Gállego, donde ha adquirido más de 20.000 metros cuadrados, también con generación propia.

Refrigerar con CO2: qué significa

El anuncio insiste en la refrigeración mediante CO2 como fluido refrigerante. Es una alternativa a los gases fluorados, cuyo uso se va restringiendo por su elevado potencial de calentamiento global. Estos sistemas trabajan a presiones altas, del orden de 50 bar, y se apoyan en el llamado free-cooling, es decir, aprovechar el aire exterior frío para disipar calor sin recurrir a compresores de forma permanente.

Conviene entender el alcance: esa decisión resuelve el problema del refrigerante, pero no borra la huella de la electricidad que haga falta generar. Si buena parte de esa energía procede de cogeneración con gas, las emisiones siguen ahí. Medios especializados como DatacenterDynamics apuntan precisamente a eso: faltará evaluar las emisiones de la cogeneración y el almacenamiento necesario para cuando el recurso renovable no esté disponible.

Por qué un centro "en isla"

La razón de fondo es la saturación. Red Eléctrica cifra en 3.700 MW los permisos de conexión solicitados por centros de datos en Aragón, más del doble del pico de demanda de toda la comunidad. Desconectarse de la red evita esperar años por un punto de acceso.

A eso se suma la regulación en marcha. El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado un decreto que condiciona a los centros conectados a la red, con hasta cinco años de margen para la transición y un umbral elevado a 10 MW a partir del cual se aplican la mayoría de los requisitos. La intención es aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre. Queda por ver cómo encaja en ese marco una instalación que, por definición, no se enchufa.

Lo que no se sabe

Hay mucho pendiente de concretar. Las informaciones publicadas no identifican inquilino, suministrador ni socio financiero, y la potencia renovable exacta no es pública. Tampoco consta expediente: según la asociación UNITNAVE, el proyecto no aparece en boletines oficiales ni en una resolución del INAGA, el organismo aragonés de gestión ambiental.

Protestas y cifras enfrentadas

El anuncio llega en pleno pulso social. Más de 2.000 personas se manifestaron en el barrio zaragozano de Torrero a finales de septiembre, y las plataformas convocan nuevas movilizaciones. La Fundación Renovables ha pedido en sus alegaciones prohibir los centros en isla con suministro mayoritariamente fósil, citando el caso de Irlanda. Ecologistas en Acción contabiliza 28 macrocentros proyectados con 11.237 MW, de los que solo tres están en funcionamiento con 140 MW.

En el lado contrario, la patronal Spain DC advierte de que el decreto pone en riesgo unos 9.000 millones de euros en inversiones, y la Fundación Basilio Paraíso estima que el sector aportaría alrededor de 1.200 millones anuales al PIB aragonés. El Gobierno autonómico ya ha concedido el sello de interés general a nueve proyectos que suman 82 edificios.

Por ahora, lo de Belchite es un anuncio. Su recorrido dependerá de cómo quede el decreto y de la presión social de las próximas semanas. Es otro capítulo del pulso entre la demanda de infraestructura digital y los límites físicos del territorio, un debate que se parece al que rodea a la infraestructura que sostiene internet y a la carrera por construir grandes superclústeres de cómputo.