La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para registrar móviles a distancia

La Guardia Civil ha adjudicado un contrato de 2,5 millones de euros (impuestos incluidos) para dotarse de una herramienta capaz de registrar teléfonos móviles de forma remota, sin necesidad de tener el aparato delante. La información, publicada por 20 Minutos a partir de la documentación del contrato recogida en el Boletín Oficial del Estado y de lo adelantado por El Digital de Albacete, confirma que el sistema es compatible tanto con Android como con iOS.

Qué se sabe del sistema

La adjudicataria es Fortier Europe, S.L.U., una sociedad con sede en Boadilla del Monte (Madrid) que ya figura en otras adjudicaciones del Ministerio del Interior relacionadas con tecnología especializada para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Según la documentación disponible, la herramienta está pensada para instalar software en el teléfono investigado y, a partir de ahí, acceder a la información almacenada y a las comunicaciones del usuario. Es decir, se trata de lo que en el argot se conoce como un troyano policial: un programa que se introduce en el dispositivo objetivo y permite consultarlo desde fuera.

La diferencia con un análisis forense convencional no está tanto en lo que se obtiene como en el modo de obtenerlo. Hasta ahora, lo habitual era incautar el teléfono, volcarlo en un laboratorio y examinar su contenido. Con un registro remoto, ese paso físico deja de ser imprescindible y la intervención puede hacerse por medios telemáticos, en principio sin que el investigado lo advierta.

Muchas incógnitas sin resolver

El expediente deja fuera buena parte de lo que resultaría relevante para valorar el alcance real de la herramienta. No se identifica al fabricante del software, no se detallan las técnicas empleadas para instalarlo en el terminal, no se enumeran sus funciones ni se aclara si en determinados supuestos hace falta un acceso físico previo al dispositivo antes de intervenirlo.

Lo único que consta es que se trata de tecnología de investigación digital sujeta a las condiciones que marca la legislación procesal penal española. Esa opacidad es habitual en este tipo de contratos —revelar el método facilitaría neutralizarlo—, pero también complica el escrutinio público sobre capacidades que afectan de lleno a la privacidad.

Qué dice la ley

Disponer de la tecnología no equivale a poder usarla libremente. El registro remoto de equipos informáticos está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 588 fija condiciones estrictas: hace falta una autorización judicial motivada y la medida queda reservada a determinados tipos de investigación, no a cualquier causa.

En la práctica, eso significa que un juez debe valorar la proporcionalidad de la intervención, acotar su duración y delimitar qué dispositivos y qué datos quedan comprendidos. El marco legal español lleva vigente desde la reforma procesal de 2015, cuando se incorporaron expresamente figuras como el registro remoto, la captación de comunicaciones o el uso de dispositivos de seguimiento.

Por qué importa

El teléfono se ha convertido en el repositorio más completo de la vida de una persona: mensajes cifrados, fotografías, documentos, ubicaciones, credenciales bancarias y cuentas de trabajo. Acceder a él equivale, en términos de información, a entrar en un domicilio y leerlo todo. De ahí que la regulación europea y la jurisprudencia hayan ido elevando las garantías exigidas para este tipo de medidas.

Herramientas de esta naturaleza han generado polémica en varios países cuando su uso se ha desbordado fuera de los supuestos previstos. La existencia de control judicial previo es, precisamente, el contrapeso diseñado para evitar ese escenario. Conviene recordar también que la seguridad de un teléfono depende en buena medida de mantenerlo actualizado: los programas de intrusión aprovechan vulnerabilidades del sistema, las mismas que corrigen los parches mensuales de Android e iOS. En paralelo, la vigilancia de los dispositivos conectados del hogar sigue siendo una asignatura pendiente, como ocurre con el malware que puede infectar tu Smart TV.

De momento, ni la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior han ofrecido detalles adicionales sobre el funcionamiento del sistema adquirido.