Las empresas ya deben explicar a sus empleados cómo decide el algoritmo

Los algoritmos ya no solo deciden qué vídeo verás a continuación: en muchas empresas también reparten turnos, asignan tareas, calculan complementos salariales o puntúan candidatos en un proceso de selección. Desde hoy, en España, quien trabaja bajo uno de esos sistemas tiene derecho a que se lo cuenten y a que le expliquen con qué criterios funciona. Lo recoge el Real Decreto 723/2026, que acaba de entrar en vigor, según informa Xataka.

Qué obliga exactamente la nueva norma

El texto es la trasposición tardía de la directiva europea 2019/1152, la que regula unas condiciones laborales más transparentes y previsibles y que acumulaba cinco años de retraso en España. Su artículo 3 obliga a las empresas a informar al trabajador de la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones que afecten a su puesto.

Pero avisar no es suficiente. Si un algoritmo o un sistema de inteligencia artificial determina la jornada, distribuye el trabajo o interviene en el cálculo de la retribución, la empresa debe explicar además las pautas, los criterios y las reglas de funcionamiento de ese sistema. Lo mismo vale cuando el software influye en ascensos, en la asignación de puesto o en los factores que pueden convertir a alguien en candidato a un despido.

La información tiene que entregarse por escrito y antes de empezar a trabajar, ya sea dentro del contrato o en un documento aparte. El SEPE ya publica en su portal una plantilla pensada para esto, el documento informativo sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo.

Qué cambia respecto a lo que ya había

No es la primera norma española que toca el asunto. La conocida como Ley Rider, aprobada con las plataformas de reparto en el punto de mira, ya reconocía al comité de empresa el derecho a conocer los parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos que afectan a las condiciones de trabajo. También el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento europeo de IA y el artículo 64.4.d del Estatuto de los Trabajadores apuntaban en esa dirección.

La diferencia está en el destinatario. Hasta ahora el derecho era fundamentalmente colectivo, ejercido a través de la representación legal de los trabajadores, o quedaba limitado a determinados supuestos de riesgo. La nueva norma añade una capa individual: cualquier empleado afectado puede saber cómo le afecta el sistema, sin depender de que exista comité de empresa o de que este lo pida.

Por qué Bruselas insiste en abrir la caja negra

Los antecedentes explican la preocupación. Amazon detectó en 2015, según reveló Reuters, que su herramienta interna de cribado de currículums no trataba igual a hombres y mujeres: penalizaba la aparición de la palabra "femenino" y rebajaba la puntuación de las graduadas en universidades solo para mujeres. El sistema había aprendido de históricos de contratación sesgados.

En Italia, la autoridad de protección de datos multó con 5 millones de euros a Foodinho, filial de Glovo, por el tratamiento ilícito de datos de más de 35.000 repartidores. Uno de los reproches fue precisamente que los afectados no podían discutir decisiones automatizadas que no había tomado ninguna persona.

Lo que las empresas no tendrán que enseñar

Conviene ajustar expectativas: nadie va a publicar su código fuente. Igual que la normativa de transparencia retributiva trabaja con rangos salariales por puesto y no con nóminas concretas, aquí se habla de pautas y criterios, no de modelos.

Jonatan Amenedo, consejero delegado de Welpay, lo resumía así en declaraciones a ABC: "Nadie está obligado a entregar su modelo". La explicación, eso sí, debe ser lo bastante clara como para que el trabajador entienda en qué se basa la decisión y pueda rebatirla. Empresas como Glovo ya argumentaron durante la tramitación de la Ley Rider que desvelar el detalle de sus algoritmos les restaría competitividad.

El debate llega en un momento en que el impacto real de la IA en el empleo en España sigue sin estar claro, y en el que la Unión Europea avanza por la vía de exigir responsabilidad a quien despliega estos sistemas más que de frenar su uso.